LA EDAD DEL CASTIGO ¿Puede un adolescente responder penalmente como un adulto?

 

Cada vez que un adolescente comete un delito de especial gravedad, la misma discusión vuelve a ocupar el debate público: ¿debería responder penalmente como un adulto?

La pregunta suele surgir después de hechos que conmocionan a la sociedad. La indignación colectiva exige respuestas rápidas y, con frecuencia, la solución parece evidente: si un menor comprende que matar, secuestrar o violar está mal, también debería asumir las mismas consecuencias jurídicas que cualquier adulto.

Pero el derecho penal no puede construirse únicamente desde la emoción. Si así fuera, bastaría el dolor social para modificar las reglas de responsabilidad. Sin embargo, el Estado de Derecho exige algo distinto: comprender qué significa realmente ser responsable desde el punto de vista jurídico.

Y esa respuesta no pertenece exclusivamente al derecho. También involucra a la filosofía, la criminología y, hoy más que nunca, a la neurociencia.

La responsabilidad no depende únicamente de la edad

El derecho penal parte de una idea que muchas veces pasa desapercibida: para castigar a una persona no basta con demostrar que cometió un hecho típico, antijurídico y culpable. También debe acreditarse que poseía la capacidad suficiente para comprender el alcance de sus actos y autodeterminar su conducta.

En otras palabras, la pena no solo presupone libertad; presupone madurez.

Desde Aristóteles hasta Kant, la filosofía ha sostenido que la responsabilidad moral exige la posibilidad real de elegir entre distintas alternativas. Solo quien puede actuar libremente puede ser considerado plenamente responsable de sus decisiones.

Esta idea sigue presente en el derecho penal moderno. La culpabilidad no depende únicamente del daño causado, sino también del grado de autonomía con el que actuó quien lo produjo.

Por eso la verdadera pregunta nunca ha sido si un adolescente sabe que matar está mal. La pregunta es mucho más compleja:

¿Posee el mismo nivel de autodeterminación que un adulto?

La criminología y el delito adolescente

La criminología lleva décadas demostrando que la delincuencia juvenil responde a dinámicas diferentes de la delincuencia adulta.

La adolescencia es una etapa caracterizada por una mayor impulsividad, una intensa necesidad de aceptación social, una elevada influencia del grupo de pares y una limitada capacidad para anticipar las consecuencias de largo plazo.

Esto no significa que los adolescentes sean incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Significa que los factores que influyen en sus decisiones son distintos y, en muchos casos, más intensos que en un adulto.

Por ello, numerosos sistemas jurídicos —entre ellos el colombiano, mediante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes— han optado por reconocer esa diferencia sin eliminar la responsabilidad. El objetivo no es desconocer el delito, sino responder a él considerando que el autor aún se encuentra en una etapa de desarrollo.

Cuando la ciencia entra al debate jurídico

Durante mucho tiempo estas diferencias se explicaban únicamente desde la psicología o la criminología. Hoy la neurociencia ha aportado nuevos elementos.

Las investigaciones muestran que el cerebro continúa desarrollándose durante la adolescencia, especialmente la corteza prefrontal, región relacionada con funciones esenciales para la responsabilidad penal: el control de impulsos, la planificación, la regulación emocional y la evaluación de consecuencias.

Al mismo tiempo, las áreas cerebrales vinculadas a las emociones y a la búsqueda de recompensas presentan una actividad particularmente intensa.

Esto no significa que un adolescente no comprenda que una conducta es ilícita. Significa que la capacidad para controlar determinados impulsos y valorar plenamente sus consecuencias aún está en proceso de consolidación.

Y esa diferencia no puede ser indiferente para el derecho.

¿Entonces debe responder igual que un adulto?

Aquí aparece el verdadero dilema.

Existen adolescentes que cometen delitos de extrema gravedad y cuya violencia genera un profundo rechazo social. También es cierto que las organizaciones criminales, en ocasiones, instrumentalizan a menores porque conocen el tratamiento especial que les otorga la ley.

Sin embargo, reducir el debate a la gravedad del delito puede llevar al derecho penal a perder de vista aquello que precisamente lo distingue de la venganza: su obligación de actuar conforme a principios y no únicamente conforme a emociones.

Equiparar automáticamente la responsabilidad de un adolescente con la de un adulto implica afirmar que ambos poseen el mismo grado de autonomía, madurez y capacidad de autodeterminación. Esa afirmación no puede sustentarse únicamente en la indignación colectiva; debe dialogar con el conocimiento filosófico, criminológico y científico disponible.

El riesgo del populismo punitivo

Las reformas penales suelen impulsarse después de casos que conmueven profundamente a la opinión pública. Es comprensible. El dolor exige respuestas.

Pero la política criminal no puede construirse desde la excepción.

Cuando el derecho penal legisla bajo la presión del miedo o de la conmoción social, existe el riesgo de sacrificar principios que han tardado siglos en consolidarse. La eficacia de una pena no depende únicamente de su severidad. Depende también de que respete los fundamentos sobre los cuales se construye un Estado de Derecho.

Porque un sistema penal que responde exclusivamente al clamor popular puede terminar castigando más, sin necesariamente prevenir mejor.

Reflexión final

Quizá la pregunta nunca ha sido si un adolescente puede distinguir entre el bien y el mal.

La verdadera pregunta es si el derecho debe medir la responsabilidad únicamente por la gravedad del hecho o también por el grado de desarrollo de quien lo cometió.

La filosofía nos recuerda que la responsabilidad exige libertad.

La criminología demuestra que la conducta humana es el resultado de múltiples factores.

La neurociencia evidencia que el cerebro adolescente aún está en construcción.

El derecho penal, entonces, enfrenta una tensión permanente: proteger a la sociedad sin renunciar a comprender la complejidad del ser humano.

Porque castigar como adulto no consiste únicamente en imponer una pena más severa. Significa afirmar que el Estado considera alcanzado un nivel de madurez equivalente al de una persona plenamente desarrollada.

Y quizá ese sea el verdadero debate.

No a qué edad debe comenzar el castigo, sino qué entendemos por responsabilidad cuando todavía existe un ser humano en formación.

Por María Díaz A. 

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