¿Puede la ciencia decidir quién es culpable? Los límites de la prueba científica en el Derecho Penal colombiano

En los últimos años, la ciencia ha ganado protagonismo en los procesos penales. Pruebas de ADN, análisis balísticos, estudios psicológicos, incluso intentos de usar el polígrafo o la neurociencia, prometen una justicia más “objetiva”, más técnica, menos emocional. Pero esta promesa plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede el juez confiar en la ciencia sin poner en riesgo los derechos fundamentales?

Este artículo busca reflexionar sobre los aportes y riesgos de la prueba científica en el Derecho Penal colombiano, y sobre el delicado equilibrio entre eficacia procesal y garantías constitucionales.

Ciencia en el proceso penal: ¿herramienta o verdad absoluta?

En Colombia, la prueba científica no tiene un régimen autónomo. Se enmarca dentro de la libertad probatoria consagrada en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Esto significa que toda prueba, incluida la científica, debe ser:

• Pertinente: relacionada con los hechos investigados.

• Conducente: adecuada para demostrar lo que se pretende.

• Útil: que aporte efectivamente al esclarecimiento de los hechos.

Además, debe estar sustentada en métodos verificables, ser clara para el juez y estar sujeta a contradicción. En otras palabras, la ley no le otorga a la ciencia un estatus privilegiado: la ubica como una herramienta auxiliar, no como una verdad absoluta.

Avances que fortalecen la justicia

Es innegable que la ciencia ha transformado la investigación penal. Sus principales aportes incluyen:

• Mayor objetividad: El ADN ha permitido condenar culpables y liberar inocentes en casos emblemáticos.

• Eficiencia procesal: Las pruebas técnicas acortan discusiones que antes se prolongaba en testimonios contradictorios.

• Protección de inocentes: La ciencia ha evitado condenas basadas en prejuicios, rumores o intuiciones.

• Fortalecimiento del principio de verdad material: El juez cuenta con más herramientas para acercarse a la realidad de los hechos.

Estos avances han sido celebrados por quienes ven en la ciencia una aliada de la justicia. Pero también han despertado alertas entre quienes defienden un modelo garantista del proceso penal.

¿Puede la ciencia equivocarse?

1. El mito de la infalibilidad: No toda ciencia es exacta ni infalible. Métodos como el polígrafo o la grafología carecen de consenso científico pleno. Confiar en ellos ciegamente puede llevar a condenas injustas. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-729 de 2002, descartó el uso del polígrafo por violar la dignidad humana y la presunción de inocencia.

2. Desigualdad de armas procesales: La Fiscalía y Medicina Legal suelen tener acceso a tecnología avanzada y peritos especializados. En contraste, las defensas públicas o particulares pueden carecer de recursos para controvertir esa prueba técnica, lo que afecta la igualdad procesal y el principio de contradicción.

3. Riesgo de violación de derechos fundamentales: Algunas pruebas científicas invaden la esfera más íntima de la persona. Por ejemplo:

• Extracción de muestras biológicas sin consentimiento.

• Uso de neurociencia para detectar mentiras o tendencias de conducta.

• Acceso a dispositivos electrónicos sin autorización judicial.

Estas prácticas ponen en tensión derechos como la dignidad humana, la intimidad y el habeas data. La ciencia, cuando se desborda, puede convertirse en una forma de violencia institucional.

4. El poder excesivo de los peritos:  El juez puede caer en la tentación de delegar su valoración probatoria en el “experto”. Pero los peritos también tienen sesgos, intereses y limitaciones. El peligro es que la prueba científica se convierta en un “dictamen incuestionable”, contrario al principio de libre valoración de la prueba.

Jurisprudencia relevante

• Corte Constitucional T-729/02: El polígrafo es inadmisible como prueba obligatoria, pues viola la autonomía y la presunción de inocencia.

• CSJ, SP-3088-2020: Los dictámenes periciales son valorables, pero no constituyen verdad absoluta.

• Corte Constitucional C-233/02: La prueba pericial debe estar sujeta a contradicción y valoración judicial.

• Corte Constitucional C-591/05: El juez debe mantener su rol activo frente a la prueba técnica, sin delegar su función crítica.

¿aliado o amenaza?

Este tema abre un debate apasionante entre dos posturas:

• Postura A (pro-ciencia): Entre más ciencia, más objetividad y justicia. Un juez sin herramientas científicas se queda atrapado en el mundo subjetivo de los testimonios.

• Postura B (crítica): La ciencia no es neutra, puede instrumentalizarse y generar desigualdad. El Derecho Penal no puede convertirse en un campo dominado por laboratorios, sino mantener el equilibrio con garantías procesales.

Ambas posturas tienen razón en parte. La clave está en no idealizar la ciencia ni demonizarla, sino en someterla a los principios del debido proceso.

Justicia con límites

La prueba científica en el Derecho Penal colombiano es indispensable, pero debe someterse a límites claros:

• Idoneidad y confiabilidad del método.

• Posibilidad real de contradicción.

• Respeto absoluto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

La ciencia debe estar al servicio del proceso penal, pero nunca reemplazar la función crítica del juez. Porque, en última instancia, la justicia no busca verdades absolutas, sino decisiones legítimas, humanas y garantistas.

 Bibliografía

• Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2002.

• Corte Suprema de Justicia, SP-3088-2020.

• Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Trotta, 2005.

• Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General.

• Nino, Carlos Santiago. Los límites de la responsabilidad penal.

• Taruffo, Michele. La prueba de los hechos.

• Nietzsche, Friedrich. La genealogía de la moral.

Por María Díaz A.